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Cobra actualidad un debate que se pretendió silenciar:

por Alicia Massarini et alia
 

Daños ambientales, sanitarios y sociales del paquete tecnológico de la soja transgénica en Argentina


En relación con los agravios recibidos por el Dr. Andrés Carrasco debido a su denuncia acerca de los daños que produce el glifosato en la salud humana, quiero compartirun episodio que experimenté personalmente en el año 2005 a raíz de los ecos en Conicet de un artículo en que criticaba el modelo de la soja transgénica en Argentina. Dada la situación actual, creo que cobra renovado interés la reacción de algunos conocidos miembros de la comunidad biotecnológica, cuando se iniciaba el proceso de denuncia que ahora está saliendo a la luz en toda su magnitud. Este documento contiene una recopilación de lo ocurrido en 2005. A.M.

El siguiente artículo fue originalmente publicado en portugués con el título “Tecnociência, natureza e sociedade: o caso dos cultivos transgênicos”, en el número dedicado a “Conhecimento e liberdade” (noviembre de 2004) de la Revista Comciencia, una publicación de divulgación científica de la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia (SBPC) conjuntamente con el Laboratorio de Periodismo Científico de la Universidad de Campinas en Brasil (LabJor) http://www.comciencia.br/reportagens/2004/11/08.shtml. Después fue traducido y levantado por el sitio rebelión.org, de donde lo tomó la encargada de prensa de Conicet y lo incluyó en la sección Conicet en los Medios, de la página de Conicet
Tecnociencia, Naturaleza y Sociedad: El caso de los cultivos transgénicos

Alicia Massarini. Investigadora de Conicet. Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires. Argentina

E-mail: amassarini@ffyb.uba.ar

Las aplicaciones de las tecnologías del ADN recombinante para la producción de nuevas variedades de cultivos transgénicos constituye una problemática compleja, cuya discusión no puede restringirse a la evaluación de argumentos científico - técnicos, sino que debe incorporar la consideración del impacto económico-social, ambiental y en la salud humana, así como el marco jurídico, ético y político en que se inscribe el problema. Al mismo tiempo, a la hora de evaluar críticamente las distintas posiciones en juego, debe tenerse en cuenta que los actores involucrados -empresas transnacionales de biotecnología, productores agropecuarios, ONGs, comunidad científica, ciudadanos como sujetos políticos y como consumidores, y el propio Estado-, constituyen una trama diversa e intrincada que no siempre resulta visible en los debates.

Generalmente la discusión se presenta fragmentada y polarizada y los intereses de los distintos actores aparecen encubiertos o mimetizados. Esto es especialmente notable cuando las empresas biotecnológicas se expresan a través del discurso de los científicos. Frecuentemente son los científicos quienes, autolegitimados desde el lugar de autoridad en que pretenden situar a la ciencia, utilizan argumentos engañosos y ajenos a sus especialidades tales como “la necesidad de resolver el problema del hambre en el mundo”, “aumentar la competitividad” o “la urgencia de encontrar nuevas variedades”, para justificar la necesidad de la rápida adopción de estas tecnologías. Enmascaran así la existencia de una disputa en la que compiten distintos intereses en juego -entre los que se cuentan los de su propia corporación-, y se hacen cargo de las banderas de las compañías transnacionales de agrobiotecnología, asumiendo que el cambio tecnológico es un acontecimiento inevitable e inherentemente progresivo.

Si se acepta que en el problema en cuestión están involucrados diversos actores con distintos intereses, cuando se discute la conveniencia de adoptar estas tecnologías, es indispensable definir al mismo tiempo cuáles son los objetivos e intereses que se pretende satisfacer. Asumiendo que ésta -como toda nueva tecnología- involucra riesgos aun no dimensionados, para dar una respuesta a este problema desde una posición equilibrada y socialmente responsable, es indispensable evaluar quiénes son los beneficiados por el cambio tecnológico, y quiénes los afectados por los impactos negativos y los riesgos asociados.

Dado que los cultivos transgénicos disponibles actualmente en el mercado no presentan ninguna ventaja para los consumidores, los únicos beneficiados son, en principio, las empresas que los comercializan y aquellos productores que aspiran a aumentar su rentabilidad adoptando el paquete tecnológico. Como contraparte, resulta claro que la introducción de cultivos transgénicos en ambientes abiertos y la incorporación masiva de alimentos que contienen organismos genéticamente modificados (OGMs) en la dieta, involucran riesgos que afectan a toda la sociedad y comprometen la calidad de vida de generaciones actuales y futuras.

La contaminación genética de cultivos tradicionales y de especies silvestres, la pérdida de variedades locales, el estrechamiento de la base genética de cultivos milenarios, los posibles efectos en cascada de los genes introducidos y sus productos en los ecosistemas naturales y agroecosistemas, constituyen algunos de los riesgos más significativos que involucran al ambiente y a la seguridad alimentaria. El abordaje reduccionista de la biología molecular no puede predecir ni evaluar estos impactos, sólo los modelos sistémicos de la ecología o la biología evolutiva permiten dimensionar su alcance ya que se trata de alteraciones que pueden afectar drásticamente a sistemas coadaptados, complejos y dinámicos, que son el resultado de miles o aun millones de años de evolución. Debido a la naturaleza multicausal y contingente de estos procesos, resulta claro que una vez desatadas, estas transformaciones no son reversibles y que sus consecuencias no resultan predecibles.

Al mismo tiempo, dado que la introducción de genes extraños en un organismo puede tener efectos inciertos sobre su fisiología y bioquímica, se ha señalado el posible impacto en la salud humana que podría ocasionar a corto, mediano o largo plazo, la ingesta de alimentos que contengan OGMs, potencialmente portadores de sustancias nocivas. En este sentido, la falta de etiquetado de los alimentos transgénicos, violenta las voluntades y las conciencias de los ciudadanos, bloquea la posibilidad de realizar estudios poblacionales en el presente y en el futuro y protege a las compañías transnacionales de las demandas de los consumidores frente a futuros daños.

En virtud de la magnitud de los riesgos y de la incertidumbre propia del conocimiento científico disponible para evaluar estos riesgos, se ha invocado la pertinencia de aplicar el Principio Precautorio como marco legal para el tratamiento de este problema. Ello significa que, dado que la “ausencia de evidencias” de efectos perjudiciales no puede ser considerada como “evidencia de ausencia” de daños y riesgos potenciales, el cultivo y consumo de OGMs no debería ser autorizado hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación.

Notablemente, pese a la clara necesidad de contar con más elementos de juicio para la toma de posición frente a este problema, son casi inexistentes las líneas de investigación independientes que apunten a una mayor comprensión y evaluación de estos riesgos, siendo las “evidencias científicas” disponibles producto casi exclusivo de la investigación de las propias empresas biotecnológicas.

La dimensión ecológica, social y ética del problema, pone de manifiesto que su curso no puede quedar en manos de científicos y tecnócratas, ni librado a las fluctuaciones de los intereses del mercado. Esta advertencia es especialmente significativa en países periféricos como Argentina o Brasil, en que las compañías transnacionales de agrobiotecnología promueven el rápido avance de los paquetes tecnológicos (que incluyen la semilla patentada y los agroquímicos asociados), mediante políticas comerciales agresivas, comprando a las empresas periodísticas a través la publicidad y ejerciendo presión sobre los estados para obtener un marco legal relajado que favorezca la introducción y comercialización de OGMs.

Por su parte, y en ausencia de políticas públicas definidas, cuando la rentabilidad inmediata resulta conveniente, los productores adoptan masivamente las nuevas tecnologías, independientemente de los costos ambientales o sociales de tales decisiones. A este panorama se suma la falta de espacios de debate y de canales de participación, de lo cual resulta que la mayor parte de la sociedad queda excluida de toda decisión y el paquete tecnológico y sus productos se imponen rápidamente en ausencia de debate público. Unos pocos disfrutan los beneficios inmediatos y la sociedad toda paga los costos sociales y ambientales y asume los riesgos ecológicos y sanitarios.

En este sentido, el caso de la soja transgénica resistente al herbicida glifosato (sojaRR) en Argentina, resulta paradigmático. Actualmente, la mitad de la producción de cereales y oleaginosas esta constituida por soja, casi 100% transgénica, la cual es destinada a la exportación para ser usada como forraje. El país produce 35 millones de toneladas anuales que representan un 20% de la producción mundial, abastece el 50% del mercado mundial de aceites, es el principal productor de harina de soja y el tercer productor mundial de poroto de soja. ¿Cómo se estableció este modelo en un país típicamente productor y exportador de alimentos variados y de buena calidad?

El avance de la soja, tuvo un auge sostenido desde la década de 1970, pero en los últimos siete años el incremento del área cultivada se aceleró notablemente, conjuntamente con la introducción del paquete tecnológico soja RR-glifosato-siembra directa. El liderazgo en el mercado se estableció debido a la rápida y masiva adopción de esta tecnología, favorecida por la relajación de los procedimientos para autorizar el cultivo y el consumo de transgénicos.

Varios factores adicionales contribuyeron a incrementar el ritmo de las transformaciones sufridas por el sistema de producción agropecuario: el alto precio internacional de la soja, el bajo costo del glifosato cuya patente había vencido, y la existencia de la llamada “bolsa blanca” de semillas, práctica que consiste en que los productores resembraban su propia semilla, con la permisividad de las empresas que apostaban a imponer sus modalidades productivas para garantizar la conquista del mercado en el mediano plazo.

El resultado de este proceso fue que en unos pocos años, la producción de soja transgénica reemplazó a otros cultivos, desplazó a otras actividades agropecuarias y avanzó sobre ecosistemas naturales. El área sembrada con soja pasó de 5 millones de hectáreas en 1990 a 12,6 millones de hectáreas en 2003. Este aumento en la producción de soja, se corresponde con una notable reducción en la producción de girasol, maíz y arroz. En las provincias del Noroeste y el Noreste argentino, la soja avanzó sobre cultivos tradicionales que requieren mano de obra intensiva, como el algodón, la batata, la caña de azúcar y los frutales. Al mismo tiempo, las plantaciones de soja RR reemplazaron a otras explotaciones agropecuarias destinadas a ganadería de vacunos, ovinos y porcinos, y a establecimientos tamberos y hortícolas.

El aumento del área sembrada también involucra una expansión de la frontera agropecuaria. En los últimos cinco años, en la región chaqueña fueron taladas un millón de hectáreas para plantar soja, y en la región de las yungas salteñas está ocurriendo un proceso similar, que puede conducir a la destrucción de uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Esto es especialmente penoso si se asume que estos suelos vulnerables y no aptos para la agricultura, sobreexplotados y erosionados, se agotarán en sólo cinco años.

El cuadro presentado pone en evidencia que, en el caso argentino, a los riesgos e impactos asociados a la introducción de cultivos transgénicos, se suma el deterioro de los agroecosistemas que introduce la práctica del monocultivo. Es claro para cualquier especialista que el monocultivo es perjudicial para la sustentabilidad de la tierra, ya que provoca un consumo desproporcionado de algunos nutrientes y favorece la proliferación de plagas y malezas. La soja, tiene la particularidad de ser un extractor de nutrientes muy eficiente y es capaz de crecer aun en suelos empobrecidos. Como resultado de ello, los productores continúan sembrando y cosechando sin fertilizar, de manera tal que la concentración de fósforo, potasio, nitrógeno y azufre en el suelo está bajando drásticamente. Ello significa que junto con la soja, Argentina está exportando parte de su suelo fértil, de modo que el monocultivo se ha convertido prácticamente en una actividad extractiva.

En cuanto al uso de agroquímicos, si bien se ha presentado a esta tecnología como amigable para el ambiente, el uso recurrente de un mismo herbicida aumenta la frecuencia de las malezas resistentes lo cual conduce a utilizar concentraciones cada vez mayores. Así, el consumo de glifosato se duplicó al pasar de 28 millones de litros en el período 1997-98 a 56 millones en 1998-99, y llegó a 100 millones en la última temporada, con las consecuentes secuelas de contaminación creciente de suelos y aguas.

Pero el más significativo de todos los impactos de este modelo se expresa en el ámbito social y económico. La transformación de la estructura agroproductiva durante la última década muestra la exacerbación de tendencias preexistentes que abonan la inequidad y la exclusión social: mayor concentración de la riqueza, aumento del tamaño de la unidad productiva y reducción de puestos de trabajo. Entre 1990 y 2003 desaparecieron el 30% de los establecimientos agropecuarios medianos y pequeños (103.000 unidades productivas) y el tamaño medio de la unidad productiva pasó de 250 Ha a 538 Ha. Durante ese mismo periodo se produjo un notable aumento de los alquileres de las tierras, debido a lo cual, los pequeños productores pasaron a rentar sus parcelas a grandes corporaciones y abandonaron el campo. Así desaparecieron alrededor de 600 pueblos agrícolas y miles de pequeños productores y trabajadores agrarios, excluidos de sus prácticas de trabajo tradicionales, migraron del campo para pasar a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades.

Las transformaciones en la estructura productiva del agro asociadas al nuevo paquete tecnológico conducen a un modelo de agricultura sin agricultores, industrializada y concentrada en la producción de materias primas y forrajes para exportar a los países centrales. Como contraparte, la pérdida de modos de producción tradicionales, la exclusión social y la destrucción de un modelo equilibrado de producción de alimentos que abastecía el mercado interno y permitía exportar, contribuye a poner en riesgo la soberanía alimentaria, al provocar la disminución de la calidad de los alimentos y el aumento de su precio en el mercado interno.

Estas transformaciones constituyen la expresión a nivel del agro de la política neoliberal implementada por el gobierno de Carlos Menem y promovida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante la década de 1990, que condujo a la privatización de las empresas públicas, a la desarticulación del Estado y al cierre masivo de industrias, en el marco de una economía basada en la especulación financiera. La retirada del Estado y la reducción del gasto público afectó los sistemas de salud y educación. Del mismo modo, el sistema público de investigación científica quedó arrinconado por la falta de recursos. En estas circunstancias la conciencia de una buena parte de la comunidad científica fue cooptada por las empresas multinacionales de biotecnología, que encontraron en los científicos locales a promotores acríticos, calificados para el desarrollo de nuevos ensayos transgénicos y dispuestos a impulsar la rápida instalación de sus negocios. Ello explica, al menos en parte, porqué en Argentina el modelo asociado a la introducción del paquete tecnológico de la soja transgénica se estableció temprana y rápidamente, alcanzando una masividad única en el mundo, sin atravesar mayores escollos y en ausencia de un debate público.

Para revertir esta situación es indispensable ampliar la discusión y promover la participación ciudadana en la definición de políticas de estado que reflejen un marco concensuado respecto a este problema, orientado por la necesidad de atender, en primer lugar, al bien común y resolver las necesidades de las mayorías en un marco de sustentabilidad. Pero este proceso requiere asumir un nuevo desafío: la democratización del conocimiento científico. Resulta claro que el acceso a dicho saber se ha convertido en fuente de desigualdades sociales en el interior de cada país, a la vez que se acrecienta el distanciamiento entre países centrales y periféricos.

En este contexto reapropiación social de conocimiento científico representa una clave para el desarrollo económico-social de los países y un aspecto fundamental en la construcción de políticas científicas autónomas. Así entendido el problema, el desafío no sólo consiste en difundir los modelos hegemónicos del conocimiento científico actual, decodificando el lenguaje esotérico y hermético de la ciencia contemporánea para hacerlo accesible a todos los ciudadanos. El principal escollo para favorecer el protagonismo ciudadano desde una posición crítica, es demitificar la condición de “verdad” que se atribuye al conocimiento científico, situándolo como una construcción social, atravesada por supuestos y prejuicios culturales, provisoria, perfectible, controversial, problemática y cargada de incertidumbres. Sólo así el saber científico podrá servir al pueblo como un instrumento transformador. Al respecto hacemos propio el reclamo de Gérard Fourez quien en su libro “Alfabetización científica y tecnológica” advierte que, generalmente, la divulgación ...consiste en una actividad de relaciones públicas de la comunidad científica que se interesa por mostrar al “buen pueblo” las maravillas que los científicos son capaces de producir...; pero precisamente en la medida en que no se ofrece un conocimiento que permita actuar, da un conocimiento superficial; es un saber que no lo es, porque no es poder.

Como consecuencia de su publicación en la página de Conicet, al menos dos investigadores, Hopp y Burachik publicaron sus réplicas en una sección creada en ese momento para ese fin, lo cual no tenía precedentes.

Esta sección fue creada ad-hoc para responder al artículo. Aun puede verse en: http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/ACTUALIDAD/2005/julio/053.php

Conicet - Ciencia en los Medios

Julio 2005 | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Comunicación y percepción pública de la biotecnología agropecuaria

Clarificaciones

En esta sección se intenta responder a aquellas publicaciones que contienen aseveraciones no fidedignas en cuanto a los hechos que se vinculan con la agrobiotecnología.

Respuesta de los Doctores Moises Burachik y Esteban Hopp al artículo firmado por la Dra. Alicia Massarini y publicado en la página de Internet del CONICET.

Respuesta del Dr. Burachik
Respuesta del Dr. Hopp

Carta del Dr. Burachik


Tecnociencia, Naturaleza y Sociedad: el caso de los cultivos transgénicos. Otra Visión.

Estoy muy asombrado por el contenido de la nota publicada en el sitio del CONICET, cuya autora es la Investigadora de Conicet Alicia Massarini. Quiero felicitar a la investigadora Massarini, pues ha logrado instalar un tema de enorme importancia para el país, y lo ha hecho con un escrito de lenguaje impecable y abundantes argumentos.

Sin embargo, cuando dije arriba que estoy asombrado, quiero decir ingratamente asombrado. No deseo entrar ahora en debates puntuales sobre las numerosas inexactitudes, afirmaciones no fundamentadas e interpretaciones equívocas que la investigadora Massarini hace en su magníficamente redactado artículo. No dispongo del tiempo necesario en este momento.

Sólo deseo corregir en esta oportunidad algunas afirmaciones que considero injustas, inexactas y lesivas para con la labor de esta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), la de la Comisión Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y la de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA. Esas afirmaciones se refieren al marco regulatorio que rige en el país desde 1991 para la experimentación, desarrollo y liberación al ambiente de los organismos genéticamente modificados para la agricultura (OGM). Este marco normativo, con las modificaciones impuestas por la dinámica del progreso científico, ha resultado (luego de la subsecuente verificación satisfactoria de la inocuidad de los alimentos derivados de ellos y de la determinación de que no tendrán un impacto no deseado en nuestro comercio internacional), en la aprobación comercial de nueve cultivos genéticamente modificados (ver nuestra página: www.sagpya.mecon.gov.ar, luego ir a biotecnología y elegir conabia, y luego los enlaces que desee). Ningún incidente atribuible a fallas regulatorias se ha producido desde la implementación de este marco regulatorio.

Sin embargo, es otra la impresión que trasmite el artículo de la investigadora Massarini. Las expresiones:

"el cultivo y consumo de OGMs no debería ser autorizado hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación." (párrafo 7)
"ejerciendo presión sobre los estados para obtener un marco legal relajado que favorezca la introducción y comercialización de OGMs." (párrafo 9)
"El liderazgo en el mercado se estableció debido a la rápida y masiva adopción de esta tecnología, favorecida por la relajación de los procedimientos para autorizar el cultivo y
el consumo de transgénicos. " (párrafo 12)
son francamente distantes de la realidad.

Nuestro marco regulatorio es uno de los más estrictos del mundo. Con orgullo afirmamos que nuestro país regula los OGM con una rigurosidad excepcional, que ha sido incluso elogiada y tomada como modelo por diversos países de la región (por ejemplo, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay), al mismo tiempo que criticada (por excesivamente estricta) por funcionarios de empresas transnacionales. La regulación de los OGM en Argentina es una referencia para muchas naciones, y en esta capacidad hemos participado en varios eventos internacionales para tratar la problemática de las normas ambientales y alimentarias involucradas y sus impactos en los países en desarrollo.

Curiosamente, la posición que expone la investigadora Massarini es extraordinariamente similar a la sostenida por los países europeos (de donde provienen ideologías que, pasando por ambientalistas, condenan a los OGM en base a argumentos pseudo-científicos). Los países de la Unión Europea (UE) subsidian su ineficiente agricultura al mismo tiempo que se oponen fuertemente a los OGM, en abierta discrepancia con los dictámenes de sus propios organismos técnicos de evaluación. Las modalidades de las prácticas agrícolas europeas (que casi no utilizan OGM) han conducido a una irreversible degradación de su ambiente y, por otra parte, las necesidades políticas de los países líderes de la UE (particularmente Francia, en relación con la denominada Política Agrícola Común, PAC) han resultado en la provisión de subsidios cuya clara finalidad es electoral. Véase, por ejemplo, fragmentos del discurso del Presidente de Francia, Jacques Chirac en Nontron, Francia, en plena campaña electoral contra el derechista Jean-Marie Le Pen, promotor de la salida de Francia de la Unión Europea (y consecuentemente, de la salida de la PAC): ".si la política agrícola común fuera suprimida, el rédito de los agricultores disminuiría de un solo golpe en un 40 %" (Cable desde París, agencia ANSA, publicado en Clarín, Buenos Aires, 29 de abril, 2002, pág. 27). Es probable que las fuentes de información de la investigadora Massarini provengan de tal ambiente político-ideológico. Si así fuera, sería conveniente recordar que esta política de subsidios y de resistencia a la aprobación de nuevos OGM (por la que la UE no acepta OGM desde 1998) es altamente perjudicial para nuestra economía, así como la de los países exportadores de la producción agrícola primaria y alimentos (tanto OGM como no-OGM), muchos de ellos del tercer mundo. Si la investigadora Massarini está preocupada por las consecuencias socio-económicas de la adopción de OGM en la agricultura, sería bueno que reflexionara, en este caso, sobre quiénes se benefician y quiénes se perjudican con esta posición.

Muchos otros aspectos del artículo de la investigadora Massarini, con los que estoy en desacuerdo, darían lugar para una interesante discusión, mientras con muchos otros puedo afirmar que los comparto. Razones de tiempo (la regulación de los OGM es una actividad que demanda muchísimo tiempo y concentración) me impiden extenderme en esta oportunidad. Solo me queda una reflexión: el artículo de la investigadora Massarini me recuerda fuertemente una aseveración del Sr. Richard Horton, editor de la prestigiosa revista The Lancet, a raíz de la publicación del trabajo del Dr. Arpad Pusztai. En ese trabajo los Dres. Pusztai y Ewen demuestran que si se alimenta a ratas con papas crudas, en cantidad insuficiente para

las necesidades proteicas del animal, pero (atención) conteniendo un gen que expresa una proteína tóxica introducido mediante técnicas de ADN recombinante, entonces las ratas tendrán serios problemas de salud.

El Sr. Horton dijo, para justificar la publicación, "que publicó las investigaciones del Dr. Arpad Pusztai porque, aún siendo mal realizadas, sus resultados promoverían un debate útil),. (Se sabe que varios de los evaluadores del trabajo, generalmente anónimos, reclamaran al Sr. Horton que declarara claramente que el trabajo de los Dres Pusztai y Ewen era considerado profundamente defectuoso y que sus conclusiones eran altamente especulativas y no sustanciadas.)

Si la intención de publicar el artículo de la investigadora Massarini fue similar a la del Sr. Horton, sin duda los felicito pues, a raíz de algunos comentarios que ya han circulado por vía electrónica, han conseguido su objetivo.

La saludo cordialmente,
Dr. Moisés Burachik Coordinador General Oficina de Biotecnología Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Av. Paseo Colón 982, piso 2, of. 236 C1063ACW - Buenos Aires Argentina Tel.: 54-11-4349-2200 Fax: 54-11-4349-2178 mburac@mecon.gov.ar.


Carta del Dr. Hopp

Estimados responsables de la página Web del CONICET (Área de Comunicación y Prensa):

Me dirijo a Uds por la desagradable sorpresa que me causó ver incorporada a la página Web www.conicet.gov.ar/diarios/2005/julio/056.php un panfleto que falta el respeto a muchos investigadores del área de biotecnología y biología molecular y que se ubica ideológicamente en las antípodas de lo que es la actual política de estado tanto de la Secretaría de Ciencia y Técnica como de la de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación después de la inclusión, en el Boletín Oficial de un decidido apoyo del Estado Argentino a la Biotecnología, incluyendo particularmente a la Agrobiotecnología.

Por un lado, el libelo publicado tiene poco que ver con los principios científicos de vuestra Institución. Se entiende que el responsable del Área de CyP trate de difundir ciertos temas publicados por los miembros de CONICET, pero no se puede aceptar que no revise la fuente de origen de lo que publica, especialmente en lo que hace al rigor científico de las mismas. Primero debería verificarse si realmente la Dra. Massarini, una conocida citogenetista de roedores, realmente escribió esta nota o la misma fue elaborada por el sitio Web en base a otro artículo. Resulta el menos sorprendente que una especialista tan alejada de los temas agronómicos y de la salud se ponga a opinar y a desvariar tan ligeramente sobre tantos campos del conocimiento que incluyen un análisis ecológico-económico-social de la situación de un país a partir de los avances en biotecnología agrícola. Digo esto porque conociendo la formación de la Dra. Massarini también sorprende que se cometan tantos errores en conceptos muy básicos de genética, en la cual se conoce desde hace muchos años la relativa frecuencia natural de la transferencia horizontal (interespecífica) de genes (lo que hoy llamaríamos transgenes) siendo un fenómeno que se remonta a tiempos evolutivos muy remotos muy anteriores a la aparición del hombre como especie. Llama la atención parte de la terminología empleada como ser "contaminación" genética, "alteración" (que suena a adulteración) genética cuando la palabra técnicamente empleada es modificación (como en la sigla OGM) lo que indica una falta de rigurosidad científica en el lenguaje lo que resulta incongruente con el currículum de Massarini.

Tal vez la respuesta deba buscarse en la frase: "la discusión no puede restringirse a la evaluación de argumentos científico-técnicos", otorgándole al artículo un alto grado de carencia de argumentos científicos.

En la primera parte de su ensayo se expresa: "Asumiendo que ésta -como toda nueva tecnología- involucra riesgos aun no dimensionados, …..,es indispensable evaluar quiénes son los beneficiados por el cambio tecnológico, y quiénes los afectados por los impactos negativos y los riesgos asociados".

Como la misma autora afirma, resultaría importante ver qué intereses representa esta postura. Estos intereses surgen de la lectura del sitio de Internet en el que fue publicado y son los siguientes: 1) el sistema de subsidios agrícolas (particularmente el europeo) que debe aumentarse a medida que los costos de producción disminuyen y sus agricultores son cada vez menos competitivos, 2) las empresas de agroquímicos perjudicadas por la drástica eliminación o reemplazo de prácticas de manejo que se operó después de la adopción de los cultivos OGM y 3) las multinacionales que supuestamente defienden la ecología y que sacaron un excelente provecho y popularidad usando procedimientos fundamentalistas que recuerdan a las tristemente célebres cazas de brujas de la edad media que afectaron a Galileo, por ejemplo. Como prueba de lo antedicho, es interesante comprobar que la que escribe esto no muestra la misma preocupación escribiendo ensayos similares sobre otras nuevas tecnologías como pueden ser la informática, la nanotecnología, la automotriz o la robótica, todas ellas con efectos socioeconómicos en cuanto al desempleo que tanto le preocupa.

Para no dejar todo esto en un plano meramente ideológico, se refutan a continuación sólo algunas de sus afirmaciones sobre la base de argumentos científicos porque son los únicos que otorgan objetividad en una discusión de esta índole.

Ya en las primeras frases resulta polémico pensar que los científicos no podemos opinar sobre el "mejoramiento de la competitividad" del sector productivo o de la necesidad de "obtener nuevas variedades mejoradas". Se ve que los autores de la nota están muy alejados de lo que es la ciencia aplicada, la que no tendría mucho sentido si no se vinculara con estos dos aspectos. Tampoco la ciencia es ajena a aportar herramientas tecnológicas que ayuden a solucionar el hambre del mundo (claramente un problema político y económico-social pero que sería necio negar que puede verse facilitado con apoyo científico-técnico).

“Dado que la introducción de genes extraños en un organismo puede tener efectos inciertos sobre su fisiología y bioquímica, se ha señalado el posible impacto en la salud humana que podría ocasionar a corto, mediano o largo plazo, la ingesta de alimentos que contengan OGMs, potencialmente portadores de sustancias nocivas ….En virtud de la magnitud de los riesgos y de la incertidumbre propia del conocimiento científico disponible para evaluar estos riesgos, se ha invocado la pertinencia de aplicar el Principio Precautorio como marco legal para el tratamiento de este problema. Ello significa que .... el cultivo y consumo de OGMs no debería ser autorizado hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación". Nuevamente estas sentencias demuestran falta de conocimiento sobre el sistema regulatorio existente en todos los países donde se han aprobado los OGMs para sus distintos usos, incluyendo los países miembros de la UE. Además de no aportar ni una mínima evidencia científica real para tan fuertes aseveraciones (por algo se ponen en tono potencial aunque no así las conclusiones), estas frases denotan una injustificada falta de conocimientos científicos e históricos. Desde el punto de vista científico resultó siempre claro que es absurdo el análisis de riesgo de los OGM desde el punto de vista de la tecnología en sí misma, sino que debe hacerse caso por caso para cada OGM en particular. No es lo mismo para la salud humana un tomate que tiene agregado un gen que permite la síntesis de una vitamina que un tomate al que se le agregó el gen que codifica para la toxina del cólera. Si, como parece, el artículo es reciente, no se entiende por qué se ignora que la comercialización de OGMs no es nueva (lleva más de 20 años de experiencia desde que casi el 100% de los diabéticos se inyecta en la sangre en forma diaria insulina humana producida por una bacteria OGM: la Escherichia coli transgénica para el gen humano de la insulina). El consumo masivo de cultivos OGM también lleva 10 años, sin que ningún científico haya podido comprobar ninguno de todos los riesgos que apocalípticamente fueron predichos. Se calcula que ya se cosecharon más de 300 millones de hectáreas, las cuales, procesadas para alimentación humana y animal se estima que han sido consumidas en más de 100.000 millones de alimentos con alto contenido de OGM, sin reportes de alergias, intoxicaciones u otras alteraciones para la salud, el crecimiento o el desarrollo de las personas o afecciones para la salud humana o animal. La autora afirma que no hay estudios científicos sobre las posibles consecuencias negativas sobre la salud, lo que es falso, ya que desde 1985, se realizaron 81 proyectos de investigación tan sólo en Europa (la más interesada en encontrar efectos negativos para poder seguir defendiendo su postura agrícola) que incluyeron 600 estudios de bioseguridad alimentaria, los que demostraron la inocuidad de los alimentos OGM en el mercado actual.

La Organización Mundial de la Salud en su página Web www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/index.html claramente define que “Los alimentos GM actualmente presentes en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo del caso y no es probable que presenten riesgos para la salud humana. Además, no se observaron efectos sobre la salud humana como resultado de su consumo en los países en que fueron aprobados”. ¿Qué resulta más confiable para el CONICET? ¿La palabra sin fundamento científico de un artículo publicado en el sitio www.rebelion.org o la de la OMS?. A la OMS podría agregarse una enorme lista de instituciones como la FAO y Academias de Ciencias, Asociaciones Médicas y Asociaciones de Nutricionistas y Dietistas de muchos países del mundo.

Dice la autora que hacen falta mayores y mejores criterios de evaluación. Por supuesto que se pueden mejorar y agregar nuevos criterios, pero lo claro es que la experiencia y los resultados demuestran que los actuales criterios han sido muy eficientes para prevenir los potenciales riesgos que fueron planteados en el curso de la evaluación. Es más, las últimas publicaciones de expertos en el tema en prestigiosas revistas como Nature están planteando que las normativas actuales que regulan a los OGM (algunas de ellas surgidas por sobre-reacción del sistema ante los grupos de presión fundamentalista como los del sitio Web que CONICET usó como fuente) son excesivas y deberían ser flexibilizadas excepto para aquellas de uso farmacéutico (las cuales no son mencionadas por el artículo ni por los otros opositores a la tecnología ¿acaso no son OGMs también?). Estaba muy bien invocar el Principio de Precaución hace 20-30 años, por ejemplo cuando se realizó la conferencia de Asilomar a fines de los '70 después de que se descubrieran las aplicaciones potenciales del ADN recombinante (en ese momento se temía mucho más por las consecuencias en las investigaciones biomédicas en bacterias que las investigaciones agronómicas en plantas). Pero hace mucho que esta tecnología dejó de ser una novedad y hace falta algo más que inspirar miedo irracional para fundamentar lo que tan livianamente afirma la nota.

En otro fastuoso párrafo se desacredita la capacidad de los “reduccionistas” biólogos moleculares para evaluar los efectos de largo plazo dado que “se trata de alteraciones que pueden afectar drásticamente a sistemas coadaptados, complejos y dinámicos, que son el resultado de miles o aun millones de años de evolución” y sólo los ecólogos sistémicos son los adecuados para opinar. Lamentablemente, parece que la autora tampoco conoce mucho de este tema. De su frase se deduce que confunde un ecosistema natural (como el que encontraríamos en un parque nacional) con un agroecosistema que es de naturaleza artificial: el hombre elimina toda la diversidad natural para reemplazarla por un cultivo (es la esencia de la agricultura que, nos guste o no, es la base de nuestra civilización moderna). Nadie duda de su complejidad y de que tiene factores poco predecibles, pero no tiene millones de años de evolución y tiene bastantes factores predecibles, como lo demuestra la constante evolución y mejoramiento de las prácticas agrícolas. Es más, ya es una cuestión demostrada que la incorporación de OGMs en los agroecosistemas ha ayudado a hacerlos más sustentables gracias a la sinergia con métodos conservativos como la siembra directa o gracias a un control más focalizado de los insectos plaga respetando otros insectos benéficos. Pero el reduccionismo del artículo intenta extrapolar conceptos de los ecosistemas naturales a ecosistemas artificiales en los que estos conceptos son claramente inadecuados.

Hay otro punto ligado al anterior que comete la falacia de no considerar algunos conocimientos muy básicos de la genética. Todo genetista sabe que para estudiar la evolución de una especie es esencial estudiar los mecanismos reproductivos de dicha especie. Las especies cultivadas son especies altamente domesticadas por el hombre que difícilmente sobreviven en condiciones naturales. Además, sus semillas son cosechadas año a año por lo que todos los años asistimos a una masiva extinción de estas especies en más del 99% de su área de distribución. ¿Dónde sobreviven y se seleccionan las nuevas generaciones? En los semilleros o en los campos que los agricultores dedican a la multiplicación de su propia semilla. Por eso, la catastrófica frase “Debido a la naturaleza multicausal y contingente de estos procesos, resulta claro que una vez desatadas, estas transformaciones no son reversibles” se ridiculiza cuando aprendemos de la experiencia que eventos OGMs liberados en Argentina o en otros países como son el maíz con resistencia a glufosinato de amonio o el tomate de aroma y sabor (Flavr-Savr) que fracasaron comercialmente o fueron retirados del mercado, desaparecieron totalmente del ambiente de un año para el otro. A nadie se le ocurriría multiplicar una planta que se coma crudos a los chicos. Finalmente, la autora parece ignorar la existencia de ecólogos y genetistas poblacionales en todas las comisiones científicas reguladoras de OGMs del mundo.

Respecto a la larga disquisición sobre la agricultura argentina y en particular, la soja, prefiero remitirme a la última edición de la revista Ciencia Hoy (http://www.ciencia-hoy.retina.ar/hoy87/index.htm) que dedica todo el número a la modernización de la agricultura Argentina, donde escriben los que verdaderamente saben del tema y se refutan todos los argumentos expuestos. Simplemente me voy a detener en 2 puntos particulares:

En el caso del monocultivo de soja mi posición contraria, es coincidente con la de INTA y está muy bien expresada por el Ing. Agr. Casas en varios medios de difusión incluyendo el citado número de Ciencia Hoy. Sin embargo, frases como: “La soja, tiene la particularidad de ser un extractor de nutrientes muy eficiente … de manera tal que la concentración de fósforo, potasio, nitrógeno y azufre en el suelo está bajando drásticamente… de modo que el monocultivo se ha convertido prácticamente en una actividad extractiva” olvidan que la soja es una leguminosa y, como tal, es capaz de fijar nitrógeno atmosférico por lo que requiere menor fertilización nitrogenada que otros cultivos, por lo que en gran medida, el nitrógeno es, para la soja, un recurso renovable y estamos hablando del principal fertilizante en la agricultura.

El otro punto es la preocupación por el reemplazo de ecosistemas naturales por artificiales (expansión de la frontera agrícola) que es, en varios aspectos, una preocupación legítima (caso de las yungas). Sin embargo, me da la sensación que para la autora, el sobrepastoreo que está desertificando la Patagonia, el reemplazo de bosques nativos por exóticos en el NEA (y muchos otros) parecen ser problemas inexistentes frente a la tremenda amenaza del monocultivo de soja y no puedo evitar pensar, ante esta dualidad, que existen otros intereses más allá de una legítima preocupación por la ecología.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos publicó en su sitio de internet un documento donde responde a las preguntas que frecuentemente se hace la gente sobre los transgénicos:
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/biotecnologia/respuestas.php
Para más información sobre el sistema regulatorio en Argentina:
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/conabia/index.php

Dr. Esteban Hopp
Profesor Titular FCEyN UBA
Investigador Principal del INTA
Investigador Científico de la CIC

La carta de Esteban Hopp, además de aparecer en la página de Conicet circuló en la FCEYN donde trabajé durante 20 años. En respuesta, envié a Conicet y a la red de mails de la FCEyN la siguiente carta:

Buenos Aires, 31 de agosto de 2005
Sr. Presidente de CONICET

Dr. Eduardo H. Charreau

De mi consideración: Hago llegar a Ud. una copia de la carta que en esta misma oportunidad estoy enviando al Area Comunicación y Prensa de CONICET. En la misma expreso mi opinión sobre las posiciones que el Dr. Esteban Hopp ha manifestado en una carta previa dirigida a los responsables de la Página Web del CONICET, en relación con la difusión de un artículo de mi autoría. Adjunto asimismo la carta del Dr. Hopp, en la versión que hizo pública a través de la red informática de la FCEyN de la UBA. Agradezco su atención y me despido de Ud. cordialmente. Dra. Alicia Massarini - Investigadora Adjunta.

Estimados Colegas: 
 Hago llegar a ustedes los términos de la carta que he enviado a Conicet en respuesta a la que previamente el Dr. Esteban Hopp presentó ante ese organismo e hizo pública por esta misma vía. En su carta Hopp cuestiona a quienes, como responsables de la página Web de Conicet, decidieron incluir en la misma una publicación de mi autoría. Dado que, entre otras cosas, el Dr. Hopp pone en duda mi condición de autora, comienzo por aclarar que se trata de una versión en español incluida en el sitio rebelion.org del artículo “Tecnociência, natureza e sociedade: o caso dos cultivos transgênicos”, que fue originalmente publicado en portugués en el número dedicado a “Conhecimento e liberdade” (noviembre de 2004) de la Revista Comciencia, una publicación de divulgación científica de la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia (SBPC) conjuntamente con el Laboratorio de Periodismo Científico de la Universidad de Campinas en Brasil (LabJor). Su elaboración me fue solicitada por los editores de la revista, luego de una serie de seminarios y actividades académicas en las que participé durante setiembre de 2004, como parte del programa de intercambio entre el Departamento de Posgraduación en Política Científica de la Unicamp y la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA, que constituye mi actual lugar de inserción académica y docente. El artículo puede consultarse en 
http://www.comciencia.br/reportagens/2004/11/08.shtml. 
No discutiré aquí las diversas críticas que el Dr. Hopp hace a su contenido ya que no considero que este sea el ámbito ni la oportunidad adecuados. La mayor parte de los aspectos que el Dr. Hopp critica en su carta parten de una interpretación sesgada o fragmentada de algunos de los argumentos que expongo en mi trabajo, de modo que para centrar la discusión sería necesario comenzar por aclarar y contextualizar mis posiciones originales, lo cual resultaría tedioso para los lectores y probablemente poco provechoso como contribución al debate sobre la problemática en cuestión.
Sin embargo entiendo que resulta indispensable dar a conocer mis ideas sobre las apreciaciones, los juicios de valor y las consideraciones políticas e ideológicas que el Dr. Hopp asume en su carta ya que las implicancias de sus posiciones no sólo me involucran personalmente sino que lesionan valores colectivos tan sensibles como la libertad de expresión, el espacio del pensamiento crítico y el respeto al disenso. 
El Dr. Hopp manifiesta sentirse desagradablemente sorprendido porque Conicet haya decidido incorporar mi trabajo a su página Web, argumentando que dicho artículo, al que denomina “panfleto”, se ubica “ideológicamente en las antípodas de lo que es la actual política de estado tanto de la Secretaría de Ciencia y Técnica como de la de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”. En primer lugar, resulta altamente preocupante que este investigador, que hace mención a su participación en múltiples comisiones asesoras del Conicet, descalifique la opinión de una colega y censure a quienes la difunden porque, a su criterio, esta posición se sitúa en las antípodas de la política oficial. Más allá de discutir lo acertado de su apreciación, me interesa centrarme en el significado ético y político de su argumentación. Por un lado, sorprende que un planteo semejante sea expuesto tan impúdicamente, sin disimular su parentesco con una lógica autoritaria que no condice con el pensamiento crítico que debe distinguir a la comunidad científica. Por otra parte, en el contexto de nuestra historia política y académica, es difícil no recordar épocas relativamente recientes y que aun duelen, en que la imposición de este tipo de criterios significó la expulsión del sistema científico y del país de muchos colegas.
En otro tramo de su carta el Dr. Hopp descalifica mi artículo al que entonces llama “libelo”, por encontrarlo reñido con los principios científicos de CONICET al mismo tiempo que cuestiona mi idoneidad para opinar sobre temas que no considera de mi especialidad. En relación con estas apreciaciones, se me ocurre plantear algunos interrogantes: ¿a qué principios científicos se refiere el Dr. Hopp? ¿Toma en consideración que la ciencia se construye colectivamente en una atmósfera de debate y contrastación constante o la entiende como una colección de verdades únicas, incuestionables y sagradas? ¿Interpreta que el pensamiento divergente en la actividad académica es enriquecedor y estimulante o anticientífico y oscurantista? ¿Honra el privilegio de desempeñarse en un ámbito en que el pensamiento crítico es condición de primer orden o es incapaz de tolerar el disenso y se ve en la necesidad de denostar a quien, por manifestar opiniones que no son de su agrado, pasa a considerar su enemigo?
La intolerancia, el autoritarismo y el protagonismo excluyente no pueden ser el signo de este, ni de ningún otro debate académico. El problema que nos ocupa es especialmente complejo; en él intervienen diversos actores, afecta intereses sectoriales y colectivos e involucra aspectos científicos, tecnológicos, sociales, ambientales, económicos, sanitarios y éticos. Requiere por ello una reflexión integradora, que permita considerar sus múltiples dimensiones. ¿Quién tiene entonces legitimidad para analizar y expresar sus opiniones sobre este tema? ¿Sólo los especialistas expertos en los modelos y técnicas biotecnológicas son idóneos para hacerlo? Si una investigadora del campo académico Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), con una larga trayectoria en biología evolutiva es descalificada por no ser éste un tema de su especialidad, ¿qué se puede decir entonces del lugar que ocupan las opiniones de los científicos sociales, de los filósofos, de los miembros de las organizaciones no gubernamentales, de los estudiantes? ¿y la opinión de los ciudadanos?
Personalmente considero que las decisiones acerca de temas como el que nos ocupa no pueden quedar sólo en manos de especialistas sino que deben ser discutidas y consensuadas con la participación de toda la ciudadanía. En ese sentido, el hacer visibles las controversias presentes en el campo científico, comunicándolas de manera accesible y prescindiendo de tecnicismos innecesarios, constituye un paso indispensable para la democratización del conocimiento, achicando la brecha entre expertos y no expertos que el Dr. Hopp insiste en apuntalar.
Finalmente quiero manifestar mi indignación y asombro ante la intención del Dr. Hopp de cerrar la discusión poniendo en duda mi integridad moral, diciendo: “no puedo evitar pensar, ante esta dualidad, que existen otros intereses que una legítima preocupación por la ecología”. La descalificación de quien sustenta una posición controvertida sugiriendo su vinculación con “oscuros e innombrables intereses”, es un recurso tristemente conocido en nuestro medio que no resulta digno de un debate académico. 
Más allá del desagravio personal, he decidido hacer públicas estas líneas en defensa del espacio para el disenso, convencida de la necesidad de promover el debate científico y de ampliar el ejercicio de la democracia hacia adentro y hacia fuera de nuestra comunidad.

Dra. Alicia Massarini

Investigadora de Conicet

Docente e investigadora en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. UBA

Agosto de 2005
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