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Los inmigrantes latinoamericanos indocumentados en Estados Unidos y España

por Ernesto Barnach-Calbó Martínez
 


 

 

Tertulias Americanas en el Museo de América, ernestobarnach@yahoo.es

 
Resumen:
 

Sin duda los indocumentados constituyen el sector de la población inmigrante más vulnerable, es decir, el que padece no solo las particulares adversidades del viaje hacia el país de destino sino en mayor grado los males característicos de la inmigración, como la explotación laboral, la economía sumergida, la expulsión, y la discriminación que pueden conducir a la violación de los derechos humanos. Hechos de aplicación generalizada, atribuibles a las tres principales corrientes migratorias latinoamericanas: la que acontece en el interior de la región, y las dirigidas a Estados Unidos y a España. Se trata aquí de analizar la situación actual de los indocumentados insertos en la segunda, la más antigua y cuantiosa y en la tercera, la más reciente, señalando las semejanzas y diferencias entre ambas.

 
Palabras clave: indocumentados, ilegales, derechos humanos, redadas internamiento

 
Abstract:
 

No doubt ilegals are the most vulnerable sector of the inmigrant population and the one more liable to suffer, to a greater negree, from evils caracteristic of mgration as a whole, like labor exploitation. Informal economy, expulsión, and discrimination which may all lead to violation of human rights. These actions take place everywhwere and are thus applicable to the three most important migratory currents from Latin Amera: inside the region. to the United States, and to Spain. It is our intention tto analise the irregular situation of the oldest and newest migrations from Latin America, that is to say to The United States aand Spain respectively and to describe the differences and resamblances between both currents

 
Key words: non authorised, ilegals, human rights, raids. internment
 
Los indocumentados o sin papeles, no irregulares y menos ilegales, constituyen el sector de la población inmigrante más vulnerable. Ellos padecen en mayor grado fenómenos característicos de la inmigración como la explotación laboral, la economía sumergida, la expulsión o repatriación y la discriminación, los cuales pueden conducir y de hecho conducen a menudo, a la violación de los derechos humanos. También son ellos son los que más difícilmente tienen que superar no solo las fronteras geográficas exteriores en su periplo hacia el país de destino sino también las fronteras invisibles internas que la sociedad receptora levanta con frecuencia contra los inmigrantes[1]
 
Sentadas estas premisas de validez general y reconocida la inmigración indocumentada como fenómeno global, se pretende analizar aquí la situación de los indocumentados insertos en dos principales corrientes migratorias latinoamericanas: la más antigua y cuantiosa con destino a Estados Unidos y la más reciente, a España. En ambas se observan, por un lado, semejanzas derivadas de la globalización imperante generalmente desfavorable para los países expulsores al ahondar las desigualdades y, por otro, diferencias propias de su dimensión, antigüedad y destino diferentes.
 
En primer lugar, tanto en Estados Unidos como en España existe un número considerable de indocumentados con respecto al total de la población inmigrante. En el primero, según cómputo este año del Pew Hispanic Center, suman 11.2 millones, tres cuartas partes de los cuales son hispanos o latinos y entre estos la mayoría procedentes de México, seguidos de los centroamericanos, y a mayor distancia de los caribeños y suramericanos. En España, donde hay cinco millones de extranjeros con tarjeta de residente, cerca de la mitad de ellos comunitarios y algo más de la mitad inmigrantes sujetos al régimen general, resulta más difícil calcular el número de sin papeles, barajándose cifras entre cuatrocientas mil y ochocientos mil personas; entre los cuales se encuentran los latinoamericanos procedentes sobre todo de los países andinos Se asume, no obstante, que el número de latinoamericanos indocumentados es importante ya que la inmigración residente latinoamericana representa más de la tercera parte de la inmigración total española y más de la mitad del total europeo.
 
Si bien el principal motivo del éxodo de los indocumentados es también económico, su decisión de emigrar en tan negativa situación y muy a su pesar, se relaciona con la regulación de los flujos regulares. Así, la disfuncional política migratoria norteamericana autoriza un escasísimo número de migrantes anuales ante una demanda mucho mayor por lo que obtener un visado legal puede demorarse una eternidad, mientra que en España el Gobierno socialista ha adoptado ante la crisis diversas medidas restrictivas para frenar la migración regular, como las limitaciones a la contratación en origen y a la reagrupación familiar. En ambos países ello conduce a potenciar la emigración irregular como alternativa, si bien influyen también otros factores. Una vez superados los incontables obstáculos naturales y humanos para acceder al país o al quedar desprovistos de documentos, los sin papeles se ven sometidos en los dos países a elevados, si bien variables, niveles de precariedad.
 
La política migratoria de los Estados Unidos ha sido por lo general muy severa con las migraciones procedentes de América Latina, especialmente con la masiva, accidentada y secular migración mexicana, desde un principio integrada por numerosos indocumentados, soliéndose remontar su origen al periodo de inestabilidad generada por la revolución mexicana durante la segunda década del siglo XX; si bien la permanente conflictividad entre la minoría de origen mexicana y la población norteamericana tiene su punto de partida en el incumplimiento por Estados Unidos de las claúsulas garantistas del Tratado de Guadalupe Hidalgo que puso fin en 1848 a la guerra entre los dos países.[2] y supuso la pérdida de la mitad del territorio mexicano. El flujo indocumentado ha continuado practicamente ininterrumpido desde entonces, incrementándose fuertemente en las ultimas décadas del siglo pasado- del que el Tratado de Libre Comercio entre los dos países en 1992 hizo caso omiso- si bien ha decrecido drásticamente en los últimos años, según el proyecto de investigación al respecto de la Universidad de Princeton, por causas atribuibles, contrariamente a lo que ha sido habitual, al país expulsor: expansión económica y educativa, familias más reducidas y aumento de la peligrosidad en la frontera.
 
Hasta en fechas recientes fueron promulgadas medidas discriminatorias por los poderes públicos, principalmente contra los indocumentados mexicanos[3] aunque extensibles a todos en iguales circunstancias. En los últimos años su situación se ha vuelto más precaria debido, por un lado, a su progresivo incremento desde los años setenta y, por otro, al impacto negativo para la inmigración en general del 11-S. Hoy día los sin papeles constituyen el mayor obstáculo a la reforma migratoria integral pendiente desde hace años y que sigue siendo uno de los grandes retos incumplidos de la campaña presidencial de Obama.
 
En efecto, el debate hoy gira en torno a la viabilidad y alcance de una amnistía para los indocumentados en el país; medida sin acometerse desde 1986. El Presidente George W. Bush, partidario de la reforma, intentó llevarla a cabo en dos ocasiones durante su presidencia. La primera en 2001 tras negociaciones con el Gobierno mexicano bajo el principio de la responsabilidad compartida, se fue al traste al producirse el ataque terrorista y la segunda en 2005, una vez que el prometedor proyecto de ley consensuado entre los Senadores McCain y Kennedy, [4] se hundiera en la Cámara de Representantes. En cambio, el Congreso aprobaría la construcción de un muro a lo largo de la frontera, lo que generó una dura y extensa condena nacional e internacional y el deterioro de las relaciones con México.. Además, masivas manifestaciones de protesta sin precedentes compuestas por inmigrantes de condición jurídica diversa, tuvieron lugar en las principales ciudades norteamericanas.
 
No obstante, pese a tan poco estimulantes antecedentes y la victoria de los republicanos -más proclives a impedir la reforma- en las elecciones parciales al Congreso en 2010, Obama ha vuelto a reiterar en la ciudad fronteriza de El Paso en mayo de 2011, consciente de la necesidad de atraer al indispensable electorado hispano, la urgencia de una nueva ley migratoria sobre la base de la regularización de los indocumentados, no sin que antes se produjeran nuevas manifestaciones[5] de protesta contra la Ley antiinmigrante de Arizona aprobada en abril de 2010 Otras medidas debatidas durante la actual presidencia de Obama tampoco han sido favorables para los sin papeles. Así, el Congreso rechazó el Dream Act que pretendía conceder la ciudadanía a los indocumentados que sirvieran en las fuerzas armadas o cursaran estudios universitarios y podría plantearse ahora la posibilidad de suprimir la nacionalidad estadoudinense a los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en territorio norteaméricano Pero ha sido sin duda la citada Ley SB I070 de Arizona la medida más polémica y de mayor repercusión al autorizar a la policía exigir a los sospechosos de no tener papeles su identificación.
 
La ley promulgada en un Estado muy conservador, -al que en los últimos años han accedido numerosísimos indocumentados mayormente mexicanos que abandonaron rutas menos peligrosas pero ahora bloqueadas- fue apoyada por la mayoría de la población, aún cuando revela un claro componente racista y supone un desafío al Gobierno federal tradicionalmente responsable de la política migratoria del país. Pero además, otros Estados están adoptando medidas restrictivas en el mismo sentido, sobre todo Alabama cuya ley, a punto de aprobarse en 2011, es aún más severa que la de Arizona.
 
EL Departamento de Justicia se opuso a la citada ley y una juez federal la suspendió cautelarmente en sus artículos más negativos, aludiéndose en la sentencia “al perjuicio que puede causar a extranjeros residentes legales, incluso a ciudadanos norteamericanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras se comprueba su estatus”; por lo que su futuro depende ahora del Tribunal de Apelación y tal vez del Tribunal Supremo. Como dice Doris Marie Provine, [6] la ley es prueba de que el miedo de la sociedad norteamericana a ciertas poblaciones consideradas inasimilables -en línea con la tesis de Arthur Huntington- todavía persiste y que “la raza a pesar de carecer de base pragmática continúa jugando un papel en la identidad nacional”. Lo que resulta más novedoso -añade- es el uso reiterado de la legislación local para lograr una política migratoria más restrictiva a nivel nacional. En todo caso, la deportación de todos los indocumentados “no solo sería costosa e injusta sino también impracticable a menos que queramos convertir a Estados Unidos en un Estado policial” como apunta el corresponsal del Miami Herald Andrés Oppenheimer.
 
El control de la frontera se ejerce también más allá de la misma sobre extensos espacios fronterizos, tanto de la frontera sur como de la del norte con Canadá, utilizándose además procedimientos modernos menos traumáticos y más eficaces, aunque no exentos de controversia. Así, las llamadas redadas silenciosas por las que agentes federales acceden a los registros de empresas –auditorías- para indagar sobre trabajadores en situación irregular pero sin que ello conduzca siempre a su deportación. Por otro lado, E-Verify es un sistema informático de Internet por el que el patrono procede a comparar la información suministrada por el trabajador sobre su estatus con los datos federales al respecto para determinar si su situación es o no regular; un procedimiento voluntario que se pretende extender dadas sus ventajas. En cuanto a las cárceles de inmigrantes (equivalentes a los centros de internamiento para extranjeros en España), es revelador el hecho que suela subcontratase su gestión a empresas privadas, por lo que escapan a todo control federal-
 
En España, al obligar a los latinoamericanos a solicitar visado para venir al país con objeto de regular mejor la migración, se rompió con una inveterada tradición que los eximía de tal requisito. La medida fue muy mal acogida por los Gobiernos e intelectuales de América Latina, contraviniendo los principios de la llamada Comunidad Iberoamericana auspiciada por España. La crisis económica ha hecho mella tanto en los indocumentados como en los que vienen en situación regular, por lo que el número de sin papeles latinoamericanos se ha estabilizado en alguna medida. Pero resulta preocupante el aumento de la irregularidad sobrevenida, es decir, la caída en situación irregular ante la imposibilidad de renovar las autorizaciones de residencia y trabajo debido a la rigidez de los requisitos de renovación; así como por la dificultad de gestionar el arraigo por carecer de contrato de trabajo, situación esta característica de la crisis.
 
Entre las diferencias en la situación de los indocumentados en Estados Unidos y España es de señalar en primer lugar, el que los sin papeles empadronados tengan derecho a una cobertura sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Beneficio sin parangón en los países de la Unión Europea por lo que ha sido considerado como “la excepcionalidad española.[7] Conviene recordar a tal efecto, que la Ley de salud tan tenazmente promovida por el Presidente Obama y laboriosamente aprobada en el Congreso en 2010 excluyó
 
a los sin papeles de tal derecho. En segundo lugar, también es un hecho diferenciador que el Tribunal Constitucional español en sentencia de 2007 concediera a los sin papeles los derechos fundamentales de reunión, asociación, sindicación y huelga por su condición de personas. Lo que en realidad les exime de ser considerados ilegales, aún cuando no parece haberse desarrollado jurisprudencia al respecto. Por ultimo, en España ha habido en este siglo, contrario a lo acontecido en Estados Unidos, tres regularizaciones colectivas -equivalentes a amnistías- pero tras la última que regularizo a más de 600.00O indocumentados, pese al contundente rechazo de la oposición conservadora, por motivo de generar el supuesto “efecto llamada”, la Unión Europea ya no apoya esta medida, prefiriendo para su normalización la vía individual del arraigo.
 
Resulta paradójico, en cambio, que la prensa y los medios de comunicación españoles en general estén siendo más bien parcos en reflejar las persistentes redadas en varias ciudades españolas y que, entre otras disposiciones, violan la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y la Declaración Universal de Derechos Humanos, habiendo también sido objeto de condena por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mientras que dedicaran en su día amplia cobertura a la citada ley de Arizona por sus potencialmente negativas consecuencias. Lo que trae a colación la responsabilidad de la prensa y de los medios de comunicación en general en el escaso conocimiento y valoración de la sociedad española acerca de tan graves asuntos como las redadas callejeras y los centros de internamiento para extranjeros donde van a parar, como resultado de dichos controles, los que no han podido demostrar su regularidad, antes de ser por lo general expulsados.
 
En lo que respecta a los centros de internamiento para extranjeros, un número considerable de cuyos internos son latinoamericanos, el ingreso de los indocumentados en los mismos tras su detención por la policía, “se utiliza indiscriminadamente sin antes haber explorado otras posibles medidas cautelares previstas en la Ley de Extranjería,” según se expone en el Informe de Pueblos Unidos.[8] Esta ley se refiere a la multa como primera medida y el Ministerio del Interior ha manifestado reiteradamente que el internamiento se reserva para personas con antecedentes penales; lo que significa que los sin papeles, culpables unicamente de una falta administrativa, se ven obligados a convivir con delincuentes en centros injustificadamente gestionados por la propia policía ajena a tal función. Además, una reciente sentencia judicial menciona expresamente otras posibles medidas cautelares disponibles,[9] siendo también necesario un mayor control judicial.
 
El hecho es que una vez ingresados en los centros de internamiento y privados de libertad sus condiciones de vida son pésimas e impropias de un país democrático como España. El citado Informe de Pueblos Unidos que logró, pese a muchas dificultades, ponerse en contacto con internos del Centro de Aluche en Madrid de manera continuada –la mayoría de los cuales eran latinoamericanos- subraya algunas de las deficiencias observadas: atención médica y jurídica insuficientes, falta de claridad en el régimen de visitas y mal trato a estas en la cola, dificultad para comunicarse con el exterior y para plantear quejas, abusos al trasladar a los expulsados al aeropuerto. etc. Ante la situación de aislamiento e incertidumbre en que están, por tanto, inmersos los internos, no es difícil imaginar el estado de ansiedad y depresión que a menudo les invade, pero las autoridades no saben o no contestan. A pesar de algunas mejoras introducidas recientemente como la autorización de entrada a las ONG, es apremiante ahora su reforma en profundidad y su eventual eliminación.[10]
 
Si bien es cierto que en ambos países estudiados los migrantes llegan menos al país de destino debido sobre todo a la crisis económica, sigue siendo necesario el control de la frontera para conseguir una migración más ordenada y para combatir la trata, el trafico de personas y los desmanes del crimen organizado que convierten a los indocumentados en víctimas propiciatorias. Así, es de lamentar la odisea de los centroamericanos—guatemaltecos, hondureños y salvadoreños principalmente- a través de México hasta cruzar la frontera expuestos a la tortura, secuestro, extorsión, violación y muerte, no solo por pandillas juveniles como los maras u organizaciones narcotraficantes como los zetas, sino también por los coyotes o la propia policía. En fin, en la ruta del desierto, preferida ahora por muchos, han de enfrentarse a las inclemencias propias del medio cuando no a los ataques de los grupos civiles caza inmigrantes. Odisea esta que recuerda, salvando las distancias, por su dramatismo el mortífero viaje por mar de los subsaharianos a las costas españolas. [11]
 
Los peligros a los que se exponen los indocumentados para llegar a sus respectivos países de destino y la discriminación e incertidumbre con las que suelen vivir en dichos países, es prueba, por un lado., que su trabajo, el menos apetecido por los nativos y más precario en la práctica, sigue siendo indispensable en ambos países; y, por otro, que la pobreza y desigualdad de sus países de origen continúan siendo altísimos y su reducción una exigencia ineludible para los Gobiernos; sI bien algunos países latinoamericanos están logrando en los últimos años reducir sensiblemente la pobreza pero no tanto la desigualdad. Ambas características confieren a las migraciones estudiadas un carácter estructural y como tal deben tratarse. En España, país tradicionalmente emigrante- sobre todo a América Latina- la inmigración tanto regular como en situación irregular se ha producido repentinamente y desarrollado con rapidez en poco tiempo y se encuentra ahora sometida a la normativa común que sobre esta materia pretende establecer la Unión Europea, pero cuya orientación no está aún muy clara. [12]
 
Finalmente, una última semejanza cabe percibir entre ambos países que en mayor o menor medida afecta a la inmigración en general y a los indocumentados en particular. El giro, impulsado por la crisis económica y el paro, no solo a la derecha sino a una nueva derecha más extrema, ultranacionalista y xenófoba se va abriendo camino en varios países europeos y en los Estados Unidos. En este país el debate sobre la inmigración está muy polarizado en el Congreso y la opinión pública; hecho este que impide la necesaria reforma migratoria sobre la base de una amplia amnistía a los documentados y a la que se opone el radicalizado Tea Party. En España la tensión es menor pero ni mucho menos inexistente. Por un lado, las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) advierten de un rechazo creciente a los extranjeros y, por otro, ONG, defensorías del pueblo y tribunales critican con frecuencia medidas y actitudes contrarias a la inmigración.
 
España, país emigrante hasta fechas recientes y Estados Unidos país inmigrante por antonomasia, deben, ante la persistencia de la migración, ordenar más equilibradamente sus corrientes migratorias, incluyendo la reducción de los flujos irregulares pero evitando sean objeto estos de agresión, mal trato y discriminación tanto en su acceso al país de destino como en su estancia en el mismo hasta su deseable regularización e integración. Es de esperar que tema tan importante como este y tan vinculado al progreso de la democracia, anhelado por muchos, sea merecedor de un debate susceptible de lograr el mayor consenso posible en las próximas elecciones generales previstas en principio en ambos países para 2012. Consenso que evite también que el concepto de identidad sea arrojado a menudo como una lanza contra los inmigrantes y que, por el contrario, promueva la integración por la vía intercultural.
 

Madrid, agosto 2011

 
Bibliografía
 

Santana, A. coord). (2008): Proyección global de la migración latinoamericana México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Griswold del Castillo, R. (1990):, The Treaty of Guadalupe Hidalgo : A Legacy of Conflict, Norman, Uniiversity of Oklahoma Press,

Calvo Buezas T. Gentil García I. (eds). (2010),: Inmigrantes en Estados Unidos y en España: Protagonistas en el siglo XXI, Madrid, Ediciones Eunate.

:Ramirez Morales A. ((2008), Nuestra América: Chicanos y Latinos en Estados Unidos, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Durand J. Massey D.S. ((2003), Clandestinos: Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XX, México Universidad Autónoma de Zacatecas.

Marquez Covarrubias H. (2003), Coyuntura y Debate sobre la ley antiinmigrante, Migración y Desarrollo número 1. Páginas 104 a 112.

Sequén-Mónchez A. (2010) El cálculo egoísta: Inmigración y racismo en la España del siglo XXI, Madrid, Editorial Trotta

 

[1] Superar Fronteras , Informe del Servicio Jesuita a Migrantes, abril 2011.

[2] Los artículos VIII y IX del Tratado contenían disposiciones muy favorables para los aproximadamente 100.000 mexicanos asentados en los territorio conquistados con respecto a su estatus, libertad y propiedades pero la interpretación judicial y legislativa a lo largo del tiempo violó el espíritu del Tratado, The Treaty of Guadalupe Hidalgo: A Legacy of Conflict, Richard Griswold del Castillo. 1990.

[3] La sentencia del Tribunal Supremo Plyer vs. Doe de 1982 anuló una ley del Estado de Texas que privaba de educación pública a los indocumentados .La controvertida Proposición 187 de California en 1994 impidiendo a los sin papeles en dicho Estado acceder a la educación pública y la sanidad fue declarada anticonstitucional por una Corte federal pero su repercusión ha sido muy negativa Fue también notoria la Proposición 227 de California en 1998, anulando el bilingüismo escolar, asunto especialmente polémico desde su implantación en los reivindicativos años sesenta.

[4] Condiciones básicas del moderado proyecto de ley, secundado por Bush, fueron la amnistía a los indocumentados con condiciones y requisitos variables según el tiempo que llevaran en el país y el “programa huesped” o concesión de visados para trabajadores temporales a semejanza del Programa Bracero de los años cuarenta . El Presidente consideró este revés como uno de sus grandes fracasos.

[5] Las manifestantes del 21 de marzo en Washington y del 1 de mayo en las ciudades más importantes instaron al Presidente cumplir su promesa electoral (“Si, se puede”) pero tuvieron un carácter más abiertamente pro norteamericano que las anteriores de 2006, artículo de Tomás Calvo Buezas en Inmigrantes en Estados Unidos y en España : Protagonistas en el siglo XXI , 2010

[6] D. M. Provine, “La criminalización de la política inmigrante, artículo en la web del Real Instituto Elcano, marzo, 2011

7 El Informe de Caritas de marzo 2010, lamenta los obstáculos que algunos ayuntamientos ponen al empadronamiento consecuencia de “una dudosa interpretación de la legislación vigente”, quejándose también de “las preocupantes declaraciones de algunos responsables políticos”.

[8] El detallado Informe de Pueblos Unidos de 2010 sobre el CIE de Aluche en Madrid : “100 ventanas y 5000 vidas truncadas” (el número de personas que se cree han pasado por dicho centro ese año) se refiere solo a dicho centro pero es en general extensible a los demás existentes en España, si bien hay diferencias debido precisamente a la ausencia de. un reglamento válido para todos ellos, todavía pendiente a pesar de numerosas reclamaciones

[9] El juez Ramiro García de Dios del jugado nº 6 de Madrid se refiere en sentencia del 18 de marzo de 2011 a la utilización de medias menos gravosas tales como la retirada de pasaporte, presentación periódica en sede judicial y señalamiento de domicilio. Además, afirma que “la expulsión no es un derecho del Estado sino “una ley de oportunidad” que debe ponderarse según cada caso particular. .

[10] Varias ONG firmaron en junio de 2011 un manifiesto denunciando la opacidad y falta de participación ciudadana en la elaboración del reglamento de estos centros todavía pendiente y la Plataforma por el cierre de los CIE promueve esta reivindicación con el lema de Que el derecho no se detenga por el cierre de los CIE,,

[11]Existe también una migración marítima a Estados Unidos desde Cuba y otras Islas del Caribe. Los cubanos que logran tocar suelo norteamericano no son devueltos y si acogidos favorablemente al tratase de una emigración política.

[12]La Unión Europea viene promulgando una serie de Directivas que son obligatorias para los Estados miembros pero todavía se está lejos de una legislación común en materia de inmigración y la Directiva que ampliaba a seis meses el plazo máximo para la retención de inmigrantes sin papeles en los centros de internamiento-la llamada Directiva de la Vergüenza fue objeto de una persistente y extendida condena.

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